Córdoba (Enviado especial, Horacio A. Finoli)

Rectores y especialistas universitarios analizan un documento final de su cita cordobesa “lavado” y plagado de buenas intenciones que no apaciguará las tensiones que generan políticas de achique presupuestario en el marco del acuerdo firmado recientemente entre la Argentina y el FMI, estimándose que podría llegar a 3500 millones de pesos sobre un total de cien mil en las 58 casas de estudio públicas, dijeron hoy aquí fuentes de la CRES/18.
La “Declaración de Córdoba” y la inquietud en aumento antes del encuentro del lunes 18/6/18 a las 15 en la Casa Rosada con el jefe de gabinete, Marcos Peña, de la plana mayor del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a los rectores estatales) fue lo más importante en la segunda jornada de sesiones de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que delibera aquí hasta el viernes próximo, al festejarse el centenario de la Reforma Universitaria del 18.

La necesidad de homologar y reconocer títulos, respaldar un sistema de reconocimiento de créditos, evaluación regional de las carreras y potenciar espacios comunes de programas académicos presenciales y virtuales, figura entre los “objetivos académicos” del Plan de Acción CRES 2018. En el “eje investigación” se propenden planes conjuntos y foros de participación, así como la construcción de infraestructura regional tanto en esa área como en la de desarrollo.

“Hay que diseñar políticas efectivas de movilidad intrarregional estudiantil, docente y de personal administrativo y desarrollar programas gubernamentales de movilidad, así como consolidar ENLACES (nacido en 1992, que busca la reducción de la brecha digital en profesores, el cambio en la percepción del rol de las TIC, desarrollo de “competencias esenciales” del siglo XXI y acceso a las nuevas tecnologías a través de la escuela)”, según el borrador que, se cree, sólo será ampliado para la caracterización política de la situación educativa.

El texto, finalmente, apoya los postgrados, alienta el otorgamiento de becas en todo el continente y las “universidades populares” que, como consecuencia de la crisis económica que afecta a varias clases sociales proliferan en toda América Latina y el Caribe, con una estructura distante de los modelos convencionales.
La sal y la pimienta de las discusiones, empero, están en las conversaciones que mantienen los miembros del “bloque peronista” de los rectores (36 sobre 58) con los de cuño radical -los 22 restantes- ante la deuda que el Estado nacional mantiene con buena parte de las universidades (4/5 meses de gastos que se destinan a pagar los servicios y mantener equipos); así como el recorte que, suponen, se les comunicará oficialmente la semana próxima.

Ese achique, confirmaron a www.ahoraeducacion.com varios rectores, incluye 1280 millones de pesos en infraestructura lo que, en la práctica, significa que no se sabe si podrá continuarse con las obras que ya se iniciaron, o pagar equipos/laboratorios que fueron adquiridos o licitados antes del tarifazo y las devaluaciones de los últimos meses. A eso habría que sumarle los 3500 millones de pesos que, estiman esos funcionarios, se recortará del presupuesto 2018.

Pese a que el hermetismo es total sobre las acciones que podrían adoptar las universidades, sus estudiantes y docentes, frente a la confirmación de los recortes, fuentes académicas informadas señalaron que “difícilmente el Gobierno lo admita públicamente” para evitar cualquier confrontación.

Pasado mañana, bien temprano, una delegación del CIN será recibida por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, en la búsqueda de consensos políticos para evitar tijeretazos fuertes a los recursos públicos de las universidades y, por la tarde, el cuerpo sesionará aquí en simultáneo con los foros de expertos que pasan revista a lo que sucede intramuros de esos claustros.

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