Debates oportunistas sobre la universidad

Asistimos a una suerte de debate sobre la cuestión universitaria. En este marco se alude al próximo centenario de la Reforma de 1918, que tensó los límites clericales y elitistas de las universidades proponiendo como banderas la autonomía, la libertad de cátedra, los concursos docentes y la ampliación de la participación en el gobierno institucional.

Es evidente que cien años después vale la pena releer y resignificar un movimiento transformador y crítico de relevancia nacional y latinoamericana. También se visualiza la palabra de un gobierno nacional que terminó 2017 con una recargada agresividad en sus políticas. Desde la mirada oficial se perfilan dos temas ultrasimplificadores: la “baja” tasa de graduación en las universidades y la “injusticia” de que las universidades públicas no sean aranceladas. La cuestión de la tasa de graduación vuelve a ser un indicador fundamental porque se entiende que todo el esfuerzo social, institucional y presupuestario de la universidad solo vale la pena si cada estudiante obtiene su título; quienes no llegan a recibirse representan una especie de “gasto” inútil. Sin embargo, la experiencia universitaria no puede valorarse solamente como la obtención de un título. El contacto con debates académicos y con docentes que investigan, la participación política y el estímulo cultural de la extensión son formativos. Además, el tránsito por una carrera mejora el desempeño laboral del estudiante.

Compartimos con el oficialismo la preocupación por retener estudiantes y elevar las tasas de graduación. Pero partimos de la base de que es nuestra responsabilidad institucional la diversificación de las estrategias pedagógicas y administrativas para reducir las barreras en las trayectorias. La cuestión de la gratuidad está ligada al tema del egreso. Desde algunas miradas se argumenta que el pago compromete y que quienes acceden a la universidad podrían “pagar” los estudios. Quienes no, recibirían “becas” si mantuvieran buenos resultados académicos. Sin embargo, la gratuidad de la educación universitaria no es un tema administrativo ni económico: es una definición política. El decreto de Perón de 1949 fue el paso fundamental que abrió el camino a considerar la educación universitaria no un privilegio, sino un derecho social.

Actualmente, la legislación argentina así lo contempla. En 2008, en Cartagena de Indias, nuestro país coincidió con el resto de los participantes de la Conferencia Regional de Educación Superior en señalar que es un derecho universal y, por lo tanto, los Estados deben garantizarla. Es un derecho individual y social que está ligado al modelo de ciencia, de desarrollo productivo y de pensamiento crítico de un proyecto político.

Apostamos a resignificar las banderas de la Reforma del 18 y la gratuidad del 49 con la identificación de áreas prioritarias para el país y el diseño de políticas de estímulo sin restricciones de ingreso ni cupos, con la multiplicación de oportunidades para los sectores que aún no acceden, con una plena integración de las universidades nacionales al sistema científico-tecnológico y con el diseño de propuestas que profundicen la articulación universidad y territorio.

Si la intención del Gobierno es aprovechar la conmemoración para ajustar a las universidades nacionales, se dañará severamente a las fuerzas democratizadoras y críticas constitutivas de una tradición centenaria. Evidentemente, habrá que dar el debate contra el ajuste y la exclusión.

Fuente: Gracela Morgade, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), www.lanacion.com.ar

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