No es casual en estos momentos que se comience el debate por los medios afines al Gobierno para instalar un modelo de capitalismo salvaje y voraz, en oposición al modelo de inclusión para lograr un Estado de Bienestar con derechos sociales como derechos de justicia. Así, el columnista de Clarín Daniel Muchnik se pregunta si es un tabú hablar de arancelar la universidad. Por supuesto que no es un tabú, es un derecho social constitucional para todos los habitantes estudiar gratuitamente en las universidades públicas, como lo es la salud gratuita. Pero lo que se debate en Nuestra América es un modelo de país. O capitalismo salvaje o Estado de Bienestar.
Y tampoco es casual que sean los medios hegemónicos los que comiencen a denostar, con distintos argumentos, la gratuidad de la enseñanza universitaria garantizada por la Constitución Nacional vigente, que en su capítulo cuarto, artículo 75, sostiene que se deben “promover los valores democráticos y la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.
Por Ley Nacional 26.320, en 2007 se estableció como “Día de la gratuidad de la enseñanza universitaria” al 22 de noviembre, en homenaje al decreto 29.337 de Perón que eliminaba los aranceles universitarios por las mismas razones de igualdad de oportunidades, ya que hasta ese momento sólo podían acceder a los estudios universitarios los ricos. Claro que dicha medida tomada en 1949 fue ocultada hasta el siglo XXI.
Los medios de comunicación parecen ser los que crean la imagen del mundo, los hermeneutas que monopolizan la interpretación de la realidad, la vanguardia de demolición de legitimidad, como sostiene el constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky cuando habla de los factores de la globalización como demoledores de soberanía. Así, los medios legitiman los intentos de ajustar, son ideólogos de socavar creencias y/o la honorabilidad de las personas y avanzar como sea sobre los derechos conquistados durante mucho tiempo. Para eso se canceló la ley de medios y por decreto o megadecreto se insiste en vulnerar las garantías constitucionales que regulan el Estado de derecho, así como innumerables leyes parciales o totales.
Hace pocos días, ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre lo indeseable de la inmigración latina sin preparación, la cadena norteamericana CNN sostenía que en Latinoamérica y el Caribe hubo una revolución educativa. Con cifras del Banco Mundial, sostuvo que desde el año 2000 al 2013 los inscriptos universitarios crecieron del 21 por ciento al 43 por ciento y, a su vez, los segmentos de población de menores recursos crecieron del 16 por ciento en el año 2000 al 25 por ciento en 2012. Lo que señala la CNN es que, luego de egresar, los latinoamericanos no tienen el trabajo para el cual están preparados. Justamente lo que hacen los modelos de ajuste y endeudamiento es generar más desempleo de personas calificadas o no, con despidos no sólo en el Estado, sino destruyendo también la industria nacional. Por eso, en el Estado de Bienestar el derecho al trabajo es un derecho social.
En campaña electoral, el actual Presidente se preguntaba para qué tenemos tantas universidades. Según Furlong, en su Historia social y cultural del Río de la Plata, en el siglo XVIII en América Latina había una universidad cada 750 mil habitantes creadas por los reyes de España. Hasta para los monarcas de entonces muchos municipios bonaerenses tendrían derecho a una universidad. Claro que la educación se pagaba. Este año se declaró como el año de la Reforma Universitaria en homenaje al centenario de la reforma cordobesa, la Docta. ¿Será el homenaje a dicha reforma querer arancelar nuevamente la universidad?
Para el fundador del desarrollismo, Rogelio Frigerio, la universidad era la palanca del progreso nacional. La mayoría de los presidentes nacionales, legisladores y jueces surgieron de la universidad pública. ¿Será que se olvidaron, o que no les importa el progreso nacional, o la igualdad de oportunidades?
También habría que recordar que son atribuciones y deberes constitucionales de nuestros legisladores no sólo defender la Constitución, sino hacerla respetar. Por eso, deberían recordar que la Constitución sostiene la obligación de reconocer y defender la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.
De acuerdo con el mismo artículo constitucional, es atribución del Congreso de la Nación proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
Huelga recordar que los legisladores juraron por la Constitución Nacional.
Fuente: Ana Jaramillo, Rectora de la Universidad Nacional de Lanús, www.ahoraeducacion.com
