El ajuste llegó a las aulas

El gobierno bonaerense dispuso aplicar, de un día para el otro y sin consenso con los gremios, un requisito vigente desde 2005 que implica la cesantía de miles de docentes suplentes y provisionales. Ante los reclamos, postergó la medida hasta febrero/18.

La noticia corrió rápido y amargó a miles de trabajadores de la educación bonaerenses que se vieron, de un día para el otro, sin trabajo luego de que el gobierno provincial anunciara la novedad de fin de año: serán cesanteados los docentes provisionales y suplentes que no cuenten con los títulos requeridos por estatuto ni estén estudiando un profesorado vinculado a la materia que enseñan. Como la situación se puso tensa, la Dirección General de Cultura y Educación pospuso ayer la aplicación para fines de febrero próximo y determinó algunas excepciones, pero de todos modos la intención oficial es seguir adelante a pesar de que los sindicatos advirtieron su rechazo. “Lo que ellos llaman aplicación de la ley es ajuste liso y llano”, consideró la secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, en diálogo con este diario. Los gremios no sólo denuncian los despidos, sino que también advierten que miles de alumnos podrían quedarse sin maestros.

La información salió a la luz hace pocos días, cuando los directivos de algunas escuelas tiraron la bomba a sus trabajadores y estos empezaron a quejarse. Torre confirmó a este diario que las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación se lo mencionaron a los referentes sindicales en “las únicas dos reuniones de cogestión –una especie de mesa de diálogo que el Estado provincial debe compartir con gremios y directivos de escuelas para evaluar la aplicación del estatuto docente– que convocaron en todo el año”, en noviembre y este mes. Allí, las autoridades gubernamentales informaron que, a partir del 31 de diciembre, aplicarían el inciso C de los artículos 109 y 110 del estatuto de la actividad, es decir, que ordenarían el cese de tareas a toda persona que “no haya contado, en el momento de su acceso (al cargo) con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos, que desempeña”.

 Tras el rechazo de los sindicatos, el gobierno de María Eugenia Vidal recalculó a medias la decisión. A través de un comunicado publicado ayer en la web de la Dirección General de Cultura y Educación, las autoridades informaron el replanteo de la fecha de aplicación de la decisión, al que aplazaron para el 28 de febrero de 2018, y la determinación de exceptuar a las áreas “técnica, especial y artística”. “Estamos aplicando dos artículos del estatuto del docente que no se ponían en práctica desde el 2004”, sostuvo el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano (en realidad, el inciso que el Estado provincial busca poner en práctica fue aprobado en 2005). Además, Siciliano negó que fueran a perderse puestos de trabajo, y dijo que se trata de cambios en la toma de los cargos. “Esta normativa habla de implementar concursos públicos cuando finalice el ciclo escolar que debería terminar el 30 de diciembre”, sostuvo (en la provincia de Buenos Aires los docentes no aplican a concursos públicos para acceder a horas o cursos, sino que asisten a actos públicos).

“Son muy mentirosos y no saben de lo que hablan. No pueden aplicar una decisión así sin un consenso en las reuniones de cogestión que, por otro lado, casi no realizaron en todo el año”, se quejó Torre. En cuanto a la naturaleza de la medida que el gobierno de Vidal pretende aplicar desde febrero, remarcó: “Desde ya que el título es fundamental para ejercer la docencia, pero en aquellas reuniones rechazamos lo que estaban planteando porque la decisión se traduce en pérdidas de puestos de trabajo y esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, sin planificación, como lo intentan pasar”.

A pesar de que no hay cifras oficiales, el Frente de Unidad Docente advirtió que serían alrededor de 7 mil las personas que quedarían sin trabajo. “Nosotros vamos a defender puesto de trabajo por puesto de trabajo. Estaremos al frente de este reclamo hasta que las autoridades recapaciten y apliquen estos artículos de manera planificada”, insistió la dirigente del Suteba. Los gremios reclaman que el Estado realice una “planificación” de la puesta en práctica de los incisos en cuestión. “Deben revisar, evaluar cada situación y planificar cómo se va a aplicar esta parte del estatuto en lugar de anunciar con bombos y platillos su apego por la ley que, en la realidad, generará un caos terrible.”

Fuente: Ailín Bullentini para www.pagina12.com.ar

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