Hay que informar

La Cámara de Apelaciones instó al Ministerio de Educación de la Ciudad a brindar información sobre la llamada Secundaria del Futuro. La indicación se realizó en el marco de la propuesta de una mesa de trabajo con estudiantes y asesores tutelares.

La Justicia instó al Ministerio de Educación porteño a que brinde información sobre la reforma conocida como Secundaria del Futuro, que el gobierno local pretende aplicar en 2018, en el marco de una audiencia donde se tramitan las tres cautelares que buscan frenar el proyecto durante un año para que se lo pueda debatir con la participación de toda la comunidad educativa. Tras la reunión realizada el martes y según lo acordado en el encuentro, el asesor tutelar, Gustavo Moreno, quien representa a los estudiantes secundarios, y los defensores oficiales que representan a los padres de los alumnos elevaron ayer el requerimiento de información al ente educativo, que deberá contestarlo en dos días. Moreno explicó a este diario que “el tribunal entendió que la información fue insuficiente y por eso elevamos la solicitud con los puntos que deben ser informados. Los jueces además instaron a formar una mesa de trabajo que todavía no quedó constituida porque primero tenemos que ponernos de acuerdo con la información. Si no la dan, no podemos plantear nada”.

La audiencia de conciliación fue realizada ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario e intervinieron  los asesores tutelares Moreno y Mabel López Oliva; el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire y los padres a quienes representa, y representantes del Ministerio de Educación y del gobierno porteño.

Los asesores tutelares volvieron a reclamar información pública, que se de participación a los estudiantes en el debate, quienes hasta ahora no pudieron escuchar cuál es el proyecto, ni discutir ni opinar sobre los cambios que hasta ahora son enunciados abstractos, y que se suspenda por un año la reforma educativa. Luego de que los representantes del ministerio sostuvieran que se había publicado información y realizado reuniones con ocho de las regiones en que se dividen las escuelas secundarias, Freire remarcó que “no existe cronograma de reuniones y no están publicadas; que se usaron mecanismos informales para su convocatoria y que no se publican las propuestas” y reclamó que se realicen reuniones el año que viene en el que participen a todos los actores de la comunidad educativa.

Finalmente, los jueces Esteban Centanaro, Carlos Francisco Balbín y Mariana Díaz, manifestaron que “se deben articular los mecanismos de participación y las peticiones que han presentado las partes” y propusieron que “las partes convengan un sistema de escucha y articulación” para que el Ministerio de Educación dé información, “estableciendo un cronograma, con los puntos ya explicitados como información requerida”. Al mismo tiempo, se resolvió que los asesores tutelares y el defensor oficial presentarían los puntos de información que requieren.

Ayer, en dos escritos quedaron plasmadas todas las preguntas cuyas respuestas vienen reclamando hace varios meses estudiantes, padres y docentes; desde que se conociera la reforma que llevó en el momento más álgido del conflicto a que más de 20 escuelas fueran tomadas.

Entre los datos que se pide que la cartera educativa informe figuran: en qué escuelas se va aplicar; qué docentes participaron en el diseño de la reforma; qué centros de estudiantes o alumnado fue convocado a participar, en que circunstancias y cuál fue el cronograma de reuniones; si existe en el Ministerio una evaluación pedagógica de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NSE); si hay dictámenes pedagógicos para la elaboración del proyecto y qué autoridades intervinieron; en qué jurisdicciones locales o en qué países se aplica el modelo que se va a implementar; cómo va a ser la jornada escolar; que se detalle la infraestructura con que cuentan los establecimientos seleccionados; si se afecta la carga horaria docente; cuáles son las funciones del “orientador o facilitador”, entre otra serie de preguntas que quienes plantearon los amparos esperan que las autoridades respondan.

Moreno dijo que “estos se consiguió porque la Cámara de Apelaciones, que es la que hace la propuesta, se lo pide al Ministerio, cuando desde septiembre venimos reclamando información”, y advirtió que “en la reunión se convino que hoy (por ayer) el gobierno iba a retirar los requerimientos pero no lo hicieron. Tiene dos días para contestar y esperamos que lo hagan porque no podemos avanzar con ninguna mesa de trabajo si no dan información sobre la que trabajar”.

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