El recorte universitario

El IEC-Conadu analizó el proyecto de presupuesto 2018 y advirtió que continúa el desfinanciamiento. Este año cayó el porcentaje del PBI destinado a educación y el próximo habrá menos fondos para funcionamiento, programas de apoyo, becas y hospitales.

El proyecto de presupuesto para las universidades nacionales en 2018 confirma la tendencia al paulatino desfinanciamiento que viene aplicando el gobierno de Cambiemos desde su inicio. Así se desprende de un informe elaborado por el Instituto de Estudio y Capacitación de la Conadu. El análisis del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso advierte que el próximo año continuará cayendo el porcentaje del PBI destinado a la educación y que, además, habrá ajustes reales y nominales en áreas como becas, salud (hospitales universitarios), gastos de funcionamiento y diversos programas de apoyo. Si bien el proyecto prevé un incremento promedio del 24,5 por ciento para el sistema universitario, hay una decena de instituciones a las que se discrimina con fondos muy por debajo de ese aumento.

Para empezar, el proyecto de presupuesto 2018 comienza estimando que la inflación de este año será del 24,5 por ciento (es decir, el Gobierno reconoce que fue 7,5 puntos superior a lo que había previsto) y, por eso, se recalcula el PBI nominal de 2017, que finalmente resulta de 10,3 billones de pesos. De esa manera, según advierte el IEC-Conadu, “la participación del gasto nacional en educación y cultura en 2017 será del 1,56 por ciento (y no del 1,64 como se sostenía anteriormente)”. La misma caída se registra respecto de las universidades nacionales: del 0,81 por ciento del PBI que se suponía recibirían las universidades, este año recibirán el 0,77. Antes de la asunción de Mauricio Macri, en 2015, ese porcentaje había sido del 0,87. “Para mantener la participación del gasto en Educación en el PBI –indica el informe del IEC–, el Estado debería haber invertido en 2017 aproximadamente 10 mil millones más que lo actualmente presupuestado.”

Reparto. En 2018, el Gobierno prevé destinar al financiamiento universitario 95.317 millones de pesos. En comparación con el presupuesto de este año –que incluye la previsión original de la ley presupuestaria más los recursos asignados durante el año por Planilla B–, el monto implica una mejora del 24,5 por ciento. Pero hay un conjunto de universidades perjudicadas por el reparto de fondos propuesto por el Ejecutivo. La Universidad de Rafaela, por ejemplo, no sólo no recibiría un aumento, sino que sufriría un recorte del 0,2 por ciento respecto de 2017. Otras universidades recibirían aumentos, pero muy inferiores al promedio del sistema: General San Martín (incremento del 8,7 por ciento), Noroeste de la Provincia de Buenos Aires(9,9), Oeste (13,5), Tres de Febrero (14), Río Negro (19,8), Lomas de Zamora (20,1), La Matanza (20,9), Arturo Jauretche (21) y Salta (21,1). Si se aprobara así el presupuesto, esas instituciones resultarían discriminadas y quedarían supeditadas a la decisión del Ejecutivo de asignar o no más recursos vía Planilla B.

Salarios. El detalle del presupuesto destina 56,2 mil millones a la asistencia financiera para el pago de sueldos docentes y de autoridades, y otros 29,4 mil millones para el pago de sueldos a trabajadores no docentes. El informe del IEC observa que esos montos suponen un incremento interanual del 30,1 y del 26,5 por ciento, respectivamente. “Sin embargo, estos porcentajes de incrementos son engañosos, dado que el presupuesto de 2017 no es suficiente para cubrir las proyecciones salariales de este año. De acuerdo a la anualización de los datos de ejecución presupuestaria en el presente año, será necesario un incremento presupuestario de al menos 7 mil millones para cubrir el pago de salarios acordado en 2017, lo cual  significa que el incremento efectivamente previsto (entre la proyección de gasto salarial 2017 y el presupuesto propuesto para 2018) es sólo del 16 por ciento”.

Becas. Con un presupuesto de 974,7 millones de pesos se propone financiar estímulos para alumnos indígenas, discapacitados y beneficiarios de las Becas Bicentenario. Si la totalidad de esos fondos se destina a financiar becas a estudiantes (y no a gastos administrativos y políticos), “ese monto sería inferior en un 32 por ciento en términos nominales y en un 44 por ciento en términos reales a los fondos con que se cuenta en 2017 para estas becas”. En simultáneo, se anuncia que las cantidades de becarios de bajos recursos y de carreras prioritarias, crecerá con respecto a 2017, pero seguirá por debajo de la cobertura alcanzada hace dos años. En 2015 recibían becas 23.019 alumnos de bajos recursos y 39.719 alumnos de carreras prioritarias. En 2017 fueron 14.350 y 20.935. Y en 2018 treparían a 19.257 y 31.519.

Salud. Para los hospitales universitarios se prevé un presupuesto de 1376 millones, “es decir 3,4 por ciento menos que en 2017, lo que significa una caída real de casi 20 por ciento”, señala el IEC.

Funcionamiento. La partida de gastos de funcionamiento fue este año de 6461 millones y sería en 2018 de 6901 millones, un incremento del 6,8 por ciento, “es decir una caída real de 11 por ciento”.

Programas. El Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (Fundar) sostiene programas de voluntariado, de mejoramiento de la enseñanza, infraestructura, bienestar universitario y cooperación internacional, entre otros. Pasará de los actuales 3647 millones de pesos a 3068 millones, un recorte del 15,9 por ciento que, en términos reales, será del 30 por ciento.

“Se reduce el presupuesto en forma nominal pero también real, porque está prevista una inflación que, a todas luces, va a ser mayor a la que anunció el Gobierno. Eso va a generar un desfinanciamiento del sistema universitario, afectando áreas que tienen que ver con la articulación de la universidad con el territorio, la caída de programas y el desarrollo de nuevas carreras o de las creadas recientemente –concluyó Carlos De Feo, secretario general de la federación docente Conadu–. Puesto en contexto, este ajuste afecta centralmente una premisa fundamental que es el derecho a la universidad para los jóvenes y para el conjunto de la sociedad de beneficiarse con el conocimiento que se produce en las universidades.”

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