Cómo fue posible la nueva Ley de Educación

Educar para una sociedad más justa. Debates y desafíos de la Ley de Educación Nacional (Aguilar) da cuenta de un proceso inédito en el país: el debate que posibilitó el reemplazo de la cuestionada Ley Federal de Educación. Filmus y Kaplan revelan los detalles de esa discusión: la etapa abierta por Néstor Kirchner, el cambio en la visión sobre la educación, los nuevos actores. El libro incluye textos de Amanda Isidori, Juan Carlos Tedesco, Adriana Puiggrós, Silvina Gvirtz, Blanca Osuna y Alberto Sileoni. Autores: Carina V. Kaplan y Daniel Filmus.

El gobierno que asumió la conducción del Estado en la Argentina el 25 de mayo de 2003 se propuso transformar profundamente el modelo socioeconómico impuesto en las últimas décadas. Tal como fue planteado por el flamante presidente Néstor Kirchner en su discurso inaugural, este nuevo modelo se sustentaba en la necesidad de recuperar la capacidad productiva del país, promoviendo la distribución del ingreso y el consumo interno como los principales motores del crecimiento. En este contexto, el trabajo formal y la educación debían convertirse en las herramientas más importantes de inclusión social plena. La magnitud de la transformación encarada exigió un replanteo profundo de las funciones sociales que debía cumplir la educación en esta nueva etapa.

El papel de la educación en el nuevo modelo socioeconómico propuesto a partir del 25 de mayo de 2003 fue delineado por el presidente Néstor Kirchner en su discurso de asunción: “No hay un factor mayor de cohesión y desarrollo humano que promueva más la inclusión que el aseguramiento de las condiciones para el acceso a la educación, formidable herramienta que construye identidad nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de cualquier país que quiera ser nación. Una sociedad como la que queremos promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento”. De esta manera, en el mismo momento de asumir la presidencia, Kirchner propone transformar la función que la educación venía desempeñando en las últimas décadas, cuando había sido concebida principalmente como un instrumento de contención social y de formación de mano de obra para un mercado laboral cada vez más excluyente, segmentado y precario.

No se trata, desde esta perspectiva, de que la alta competitividad y la productividad de unos pocos muy educados “derrame” parte del excedente de la riqueza generada sobre los más, condenados a vivir de planes sociales por no poder integrarse a los modernos procesos productivos. El modelo de desarrollo delineado por Kirchner en aquel discurso exigía que la educación retomara las funciones históricas que jamás debió abandonar: la escuela como herramienta fundamental para la construcción de la Nación a partir de su capacidad de distribuir valores y conocimientos que cimientan la unidad nacional sobre la base de la identidad cultural de los argentinos, y la educación como factor de inclusión y cohesión social sobre la base de la capacidad de favorecer la igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a saberes socialmente necesarios para todos, sin distinción.

La necesidad de generar igualdad de posibilidades educativas para todos los argentinos, independientemente de su condición social o su pertenencia regional, otorga valor a otro de los núcleos centrales de las transformaciones propuestas por el nuevo modelo. La recuperación de un Estado activo –participando decisivamente en aquellos ámbitos sociales en los cuales el mercado no resuelve con igualdad de oportunidades para todos– se encuentra en la matriz de la propuesta que asume la presidencia de la Nación y que confronta claramente con concepciones vigentes en décadas anteriores. Esta mirada implica una perspectiva crítica del proceso de transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias resuelta pocos años antes.

Para avanzar en las transformaciones necesarias era imprescindible completar la adecuación legislativa proponiendo una nueva ley de educación nacional. Este consenso se extendió a la posibilidad de debatir un marco normativo que, al mismo tiempo que reemplazara la cuestionada Ley Federal de Educación, permitiera, entre otros aspectos, la reafirmación legislativa del carácter público del conocimiento y la educación, de la recuperación del rol del Estado nacional en la conducción y la articulación del sistema educativo, de la necesidad de homogeneizar la estructura de la educación frente a los procesos de creciente fragmentación y segmentación sufridos en las últimas décadas, y de la igualdad de posibilidades de acceso y apropiación significativa de una educación de calidad para todos. A comienzos de 2006 el Ministerio de Educación de la Nación implementó una encuesta nacional en la cual cerca del ochenta por ciento de los consultados opinó que juzgaba necesario modificar la ley vigente para permitir la generación de condiciones que mejoraran la calidad de la educación. La necesidad de contar con una estructura educativa homogénea en todas las jurisdicciones del país, la obligatoriedad de la enseñanza secundaria y la renovación periódica de los contenidos curriculares fueron algunas de las propuestas que lograron mayor adhesión entre las opiniones encuestadas.

En este nuevo contexto, el presidente Kirchner decidió convocar a un proceso de discusión nacional de carácter amplio y plural para la elaboración de la nueva ley de educación al cual se invitó a participar a toda la ciudadanía, en particular a los actores que conforman cotidianamente el sistema educativo.

Para quienes convocaban al debate, la función principal de la educación –y por lo tanto de la estructuración del sistema educativo nacional– era la justicia social. Tanto la imprescindible construcción democrática como el crecimiento económico y la capacidad de producción debían articularse con una educación que asegurara la integración y la inclusión social plenas.

Es por eso que la convocatoria llamaba a generar una concertación sobre los aspectos centrales de la ley, consciente de que el conflicto que produce la confrontación de proyectos políticos y modelos de desarrollo impediría alcanzar un consenso total sobre el proyecto. La idea de lograr consensos supone una amplitud tal de las propuestas que hace que los proyectos pierdan sustantividad y orientaciones claras. La concepción de arribar a una “concertación” sobre los aspectos centrales de la ley proponía en cambio que, en función de objetivos compartidos de modelo de país, distintos actores políticos o sectores sociales pudieran, sin perder su identidad, soslayar ciertas perspectivas puntuales para acordar un núcleo central de políticas que orientaran el sentido de transformación propuesto en torno de objetivos nacionales comunes.

Fuente: www.pagina12.com.ar

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