Ordenan investigar si en la UBA venden certificados de estudio, por Pablo Sigal*

El 20 de mayo de 2009, una joven se presentó en la Dirección de Información al Público del Ministerio del Interior para que le legalizaran una constancia de alumno regular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Pero los empleados sospecharon que el documento era falso y dieron intervención a la Policía. Ahora hay en curso una causa judicial por la utilización de ese certificado trucho: la Cámara Federal acaba de confirmar el procesamiento de la chica y, al mismo tiempo, ordenó investigar si en Medicina existe o existió un “circuito informal de gestoría” para emitir y vender este tipo de documentación.

Los camaristas de la Sala I, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, le indicaron al juez en lo criminal y correccional Claudio Bonadío que profundice la investigación sobre un sumario administrativo que se había abierto en la facultad hace cuatro años, “en donde se habría investigado la falsificación de constancias de alumno regular (…) De su compulsa hemos advertido que se podría estar ante la presencia de un delito de acción pública”, dice el fallo de Cámara. En ese expediente, la imputada, que fue identificada como Mariana De Queiroz Paez, figura como denunciante.

“De las distintas pericias que se realizaron a lo largo de la investigación se pudo determinar que los sellos que fueron utilizados en la confección del documento cuestionado no son los que se utilizan oficialmente. Asimismo se logró verificar que ninguna de las firmas plasmadas en la constancia de alumno regular apócrifa le pertenecen a los funcionarios públicos que aparecían en el documento cuestionado”, agrega el fallo.

Incluso detalla que uno de los supuestos firmantes (Daniel Patrizzi, del Departamento de Legalizaciones de la Dirección de Títulos y Planes) había muerto “con anterioridad a la fecha que figuraba en la constancia”.

La investigación confirmó también que De Queiroz Paez “jamás fue alumna de la Facultad de Medicina, ya que no figura en el padrón”. Alfredo Buzzi, decano de esa casa de estudios, dijo a Clarín no estar al tanto del caso, pero se comprometió a colaborar para determinar “qué posibilidad existe de que haya una cosa así adentro de la facultad”. Y agregó: “Yo sería el primero en pedir una investigación. La facultad prevé medidas de seguridad para este tipo de trámites y realiza todos los controles posibles, pero siempre puede haber un empleado infiel”.

Los certificados de alumno regular sirven para presentar en un trabajo, en una beca o para rendir exámenes. Pero en este caso, que se pidió la legalización en el Ministerio del Interior, “debe haber habido un propósito muy particular”, consideró Buzzi. Este diario quiso comunicarse ayer con Alejandro Soñis, el abogado de la acusada, pero no respondió su teléfono durante todo el día.

*www.clarin.com

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