Menos pobres e indigentes entre los menores de 18, por Martín Granovsky*

En la población que comprende desde los recién nacidos hasta quienes no cumplieron los 18, el 14,6 por ciento está bajo la línea de pobreza y el 2 por ciento bajo la línea de indigencia. En 2003, esos números eran del 64,1 por ciento y del 30,3 por ciento, respectivamente. Las cifras forman parte del informe que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia llevará al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que sesionará el jueves y el viernes en Ginebra.

Antes del efecto de la Asignación Universal por Hijo, el índice de pobreza había bajado al 21 por ciento (en lugar del 14,6 post-Asignación) y el de indigencia al 5,1 por ciento (tres puntos más que el 2 por ciento alcanzado).

De acuerdo con la propia definición oficial, los hogares que están por debajo de la línea de pobreza no pueden satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales, como la vestimenta, la educación y la salud, incluidas en la llamada Canasta Básica Total.

Los hogares por debajo de la línea de indigencia no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

Los números sobre pobreza e indigencia desde 2003 hasta 2009 y el cambio posterior que se operó surgen de un documento que calculó entre otras variables qué impacto tuvo la Asignación Universal por Hijo de manera específica en la población de 0 a 17 años.

Las cifras fueron elaboradas por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Paola Vessvessian, que encabeza la delegación argentina a Ginebra.

La Asignación es otorgada por el Estado desde 2009 a 3.518.000 niños de todo el país. Pueden cobrarla los menores de 18 años o discapacitados si sus padres están desempleados, trabajan en el mercado informal o perciben un salario menor al mínimo cuando trabajan en el servicio doméstico. La suma mensual por hijo es de 180 pesos y requiere una sola condición: el padre o la madre cobran primero el 80 por ciento. El Estado paga el 20 por ciento restante cuando recibe una constancia por parte de los mayores que verifique que el niño cumple con sus obligaciones escolares y los planes de vacunación y prevención sanitaria.

Sólo en la provincia de Buenos Aires, con eje de destinatarios en el Gran Buenos Aires, los beneficiarios directos superan el millón de personas.

La Asignación repercute sobre el poder adquisitivo de la familia cuyo hijo recibe la asistencia del Estado. Pero hasta ahora nadie había introducido en las estadísticas generales la proporción de población de entre 0 y 17 años para comenzar la estimación de hasta qué punto la ayuda mejora la situación de vida de la franja más joven de la Argentina.

El informe señala que la elaboración se realizó sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El propio documento reporta que la encuesta “es un programa nacional de producción permanente de indicadores sociales, cuyo objetivo es conocer las características socioeconómicas de la población”. Añade que lo realizan de “forma conjunta el Indec y las direcciones provinciales de estadística”, que se efectúa “en 32 conglomerados urbanos” y que “representa aproximadamente a un 75 por ciento de la población urbana”.

“Desde 2003 hasta la fecha se ha logrado sacar de la pobreza a más de tres millones de niñas y niños, y de la indigencia a más de 1.700.000 personas”, dice el informe del Ministerio de Desarrollo Social.

Vessvessian dijo a este diario que la secretaría “lleva a Ginebra el resultado de varias políticas públicas que se vienen aplicando simultáneamente”, pero aclaró que de ninguna manera la delegación describirá un trabajo terminado.

“Como dice el informe que escribimos, el Estado alcanzó logros importantes; pero aún queda mucho por hacer porque, pese a la caída en las tasas de pobreza e indigencia, persisten niveles de pobreza intolerables y diferencias geográficas en los presentes indicadores que resultan preocupantes”, dijo la secretaria.

Tanto el progreso histórico como las diferencias geográficas son palpables a través de las estadísticas que muestra el propio informe.

Para la población de entre 0 y 17 años, los índices de pobreza medidos sin la Asignación muestran estas características:

– En el Gran Buenos Aires, la cifra pasó de 64 por ciento en 2003 a un 9,7 en 2006, hasta llegar al 8,8 de 2009.

– En la región del Noroeste argentino, los números de pobreza pasaron de 73,3 por ciento a 52,6 por ciento, y de ahí al 28,5 en 2009.

– En el Nordeste, las cifras habían llegado al punto más alto del país, con 74,8 por ciento en 2003. En 2006 eran de 60,4 por ciento y en 2009 de 37,8.

– En Cuyo, la evolución muestra un 64,7, un 39 y un 19,2 por ciento en 2009.

– En la Región Pampeana, 59,1 por ciento, 36,3 y 19 por ciento.

– En la Patagonia, 43,8, 21,9 y 5,9 por ciento.

La progresión total marca el paso de un 64,1 por ciento en 2003 a un 40,9 en 2006, hasta el mencionado 21 por ciento en 2009 antes de ponderar las estadísticas, introduciendo los cambios generados por la Asignación Universal por Hijo.

Los números de indigencia, en tanto, revelan este panorama histórico para la población de 0 a 17.

– En el Gran Buenos Aires, las cifras fueron de un 28,3 inicial a un 13,3 por ciento en 2006 hasta llegar al 5,4 en 2009.

– En el NOA, 36,2 por ciento, 19 y 7,6 en 2009.

– En el NEA, 44,1, 23,6 y 11,8 por ciento.

– En Cuyo, 27,6 por ciento, 12,3 y 4,4.

– En la Región Pampeana, 30,4, 13,3 y 5,2 por ciento en 2009.

– En la Patagonia, 18,3, 8,1 y 4,7 por ciento.

– Y el total antes de la Asignación muestra un 30,3 en 2003, un 14,3 de niños indigentes en 2006 y un 5,1 por ciento en 2009.

El informe destaca que con los más de 300 millones ejecutados en materia de Asignación Universal en noviembre y diciembre aumentó el Gasto Público Social Nacional dirigido a la niñez en un 0,2 por ciento para 2009. La ejecución prevista para 2010 lo haría aumentar alrededor de un 6,5 por ciento.

“La incorporación de la Asignación Universal por Hijo al cálculo del Gasto Público Social Nacional dirigido a la Niñez incrementaría por sí solo este indicador en un 14 por ciento para el ejercicio 2010”, señala el texto que la delegación lleva a Ginebra.

 

Del Patronato a la protección (subtítulo)
En su informe anterior, el Comité de Derechos del Niño había mostrado preocupación por la legislación vigente entonces, la Ley de Patronato de 1919, y había sugerido a la Argentina “un enfoque integral para el cumplimiento de la Convención”, para mejorar “la promoción y protección de los derechos del niño” a través de un plan nacional. La delegación argentina informará que desde la creación de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia “ya funcionan la Secretaría y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y nos hemos dotado de un Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. La Ley de Patronato surgía de la idea de la doctrina de la “situación irregular” que debía corregirse sólo mediante la protección judicial, con fundamento en la autoridad de los tribunales de menores y no a través de la protección integral. “Teníamos que terminar, y queríamos hacerlo, con el antiguo modelo tutelar de la infancia”, dijo la secretaria del área Paola Vessvessian. El debate para aprobar la ley 26.061 fue muy duro, sobre todo en 2005. La presión de la mayoría, apoyada por los organismos de derechos humanos, consiguió que el nuevo régimen fuera realmente distinto y no simplemente una versión aggiornada del patronato.

 
Cómo funciona el sistema en la ONU – Preguntas y respuestas (subtítulo)
El Congreso argentino ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y la Constitución de 1994 luego la incorporó a su texto de modo expreso. El país que adhiere a la Convención, como la Argentina, queda comprometido a brindar informes periódicos y contestar preguntas del Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La visita anterior de una delegación a Ginebra, sede del Comité, fue en 2002.
“Vamos a Ginebra sabiendo cuántas cosas tenemos pendientes en la Argentina”, dijo antes de viajar Paola Vessvessian, secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. “El Estado logró bajar los índices de pobreza e indigencia para los menores de 18, pero nuestro trabajo sigue”, agregó.
Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral de la misma Secretaría, dijo a Página/12 que “desde que se promulgó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, el Congreso fue sancionando y el Ejecutivo promulgando una serie de leyes que fijan para la Argentina exigencias aún más altas que la misma Convención”.
Graham citó, entre otras, las leyes de Educación Nacional, de Financiamiento Educativo, de Educación Sexual Integral, la de Equiparación de la Edad para Contraer Matrimonio (entre mujeres y varones), Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Prevención de la Trata de Personas y, naturalmente, el decreto de Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
“El criterio es que cada iniciativa de legislación y cada medida del Poder Ejecutivo debe contener un aporte específico que mejore la situación de niñas y niños”, dijo la abogada especialista en el tema.
Mariano Luongo, que coordinó el equipo encargado de elaborar este tercer informe al Comité de los Derechos del Niño, explicó que el Comité elevó preguntas a la Argentina y el Gobierno elaboró las respuestas. “Es un texto-base de unas 100 páginas, pero el 2 y el 3 la secretaria Vessvessian hará una exposición introductoria sobre las políticas hacia la niñez en la Argentina y luego el Comité seguramente querrá profundizar en cada punto antes de emitir sus recomendaciones, cosa que normalmente ocurre unos diez o quince días después de la sesión con el Comité.”
El Comité, que depende del área de Derechos Humanos de la ONU, está integrado por expertos independientes. También supervisa los protocolos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía y el protocolo sobre la participación de niños en conflictos armados.
Junto con Vessvessian, Graham y Luongo participan de la comitiva argentina el subsecretario del área, Gabriel Lerner; el director de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Damián Bonari; el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk; el subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto; la fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración, Mary Belof, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Eduardo Bustelo.
Graham explicó que las políticas para la niñez son específicas y a la vez están contenidas en cada iniciativa social o económica que se tome.
Dio un ejemplo. La trata de personas, que afecta a las niñas y a los niños, ahora es delito federal. “Esto significa que a la fuerza de las provincias en la persecución y la prevención se suma el Estado nacional con todos sus organismos”, dijo.
Otro ejemplo que dio es el Programa Patria Grande. “Los chicos, vengan de donde vengan, del país que sea, están regularizados y atendidos por todos los programas sociales, educativos y sanitarios en vigencia, y nadie puede discriminarlos por su origen”, explicó.
Un tercer ejemplo fue el trabajo del Consejo Federal sobre Niñez. “Es un organismo de concertación de políticas”, dijo. “Empezó a funcionar en diciembre de 2006. La concertación se plasma en firmas y luego las políticas contemplan la asistencia, el presupuesto y el monitoreo.”
–¿Tienen presupuesto federal?
–El Estado nacional sólo financia políticas que contribuyan a proteger derechos de los niños, los adolescentes y las familias. Esa protección llevó, por caso, no sólo a estrategias generales, sino a resultados muy puntuales, como haber sacado 44 mil chicos del trabajo ilegal, mandarlos a la escuela y asegurar que las familias cobrasen las asignaciones. Esta situación contaría con otro instrumento más si se pusiera en práctica la figura del Defensor de los Niños.
–¿Es como la Defensoría nacional?
–Debería tener una estructura parecida. Y es una tarea del Congreso.
Deja un Comentario

Los campos requeridos estan marcados con *