La evaluación del nivel de los alumnos es la prioridad en el sistema español

Cada tres años, el sistema educativo español se echa las manos la cabeza porque la comparación con otros países (en el Informe PISA de la OCDE) le saca los colores. Pero hay que esperar esos tres años para tener datos sobre los resultados de los alumnos y ver dónde fallan (porque el hecho de que fallan es innegable; no hay que esperar a PISA para ver que el fracaso escolar ronda el 30%). Y el Gobierno quiere identificar las carencias permanentemente, cada año, para poner en marcha las posibles soluciones. Así lo explican fuentes del nuevo Ministerio de Educación y Políticas Sociales, una cartera aún en mantillas, en la continúa como ministra de Mercedes Cabrera y con Eva Almunia, hasta ahora consejera de Educación de Aragón, al frente de una Secretaría de Estado de Educación que aún no tiene designado a su equipo.

Lo que ya tienen claro sin embargo es que, junto a la Formación Profesional, su prioridad será impulsar esas evaluaciones anuales de diagnóstico que ya preveía la ley de educación aprobada en 2006 y cuyo estudio piloto se hará a finales de este mes. La novedad respecto a las pruebas que ya hacía el ministerio es que medirán competencias, al estilo de PISA, y no contenidos de las materias, como se hacía hasta ahora. Será más complicado porque además de las destrezas que mide PISA (comprensión lectora, matemática y científica), la evaluación española medirá cada año, a mitad de primaria y a mitad de secundaria, las otras ocho competencias básicas establecidas en la ley, entre ellas, social y ciudadana, nuevas tecnologías o cultural. El Gobierno hará una prueba nacional y cada comunidad, una propia en la que participarán absolutamente todos los colegios e institutos.

La clave para poder comparar estará en que todos la hagan con una metodología parecida, algo que está prácticamente asegurado, según el Instituto de Evaluación, aunque el PP, que gobierna en seis comunidades, siempre ha apostado por pruebas clásicas sobre los contenidos de las asignaturas. Pero la polémica podría llegar por el uso que se haga de los resultados: ha sido muy criticada la decisión de la Comunidad de Madrid de hacer con ellos un ranking de centros.

A lo que seguro que tendrá que hacer frente el nuevo ministerio es a la campaña contra la Educación para la Ciudadanía, asignatura que ya ha defendido vigorosamente Almunia y cuya objeción de conciencia tendrá que resolver el Tribunal Supremo. Si no se pronuncia antes del próximo curso sobre las sentencias que existen (una a favor de la objeción de un alumno andaluz, y varias en contra en Cataluña, Asturias y Aragón), el ministerio tendrá que lidiar con Madrid, Valencia y Murcia, que ya han anunciado que ampararán la objeción dejando en el limbo a los alumnos que la pidan.

De ese modo, es previsible que Ciudadanía siga siendo una de las grandes batallas políticas de un ministerio que ha perdido la Universidades (que van al nuevo Ministerio de Ciencia) y con ellas puede perder gran parte de su principal gestión: las becas. Las ayudas al estudio suponen casi la mitad de su presupuesto y dos de cada tres euros se van en becas universitarias.

En cualquier caso, en una cartera muy delgada desde la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, con una ley educativa recién aprobada, la principal herramienta que le queda para impulsar la educación en una u otra dirección (la inmensa mayoría del gasto educativo lo deciden las comunidades) son los convenios. Es decir, el ministerio propone un programa y pone parte del dinero para llevarlo a cabo, y la otra parte la pone la comunidad. Educación reconoce que estos convenios serán "una herramienta fundamental" para colaborar con las autonomías. Y las evaluaciones anuales serán la brújula que marcará la dirección de esos programas.

La Formación Profesional es la otra gran prioridad, algo que ya se había planteado la anterior ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en 2004 ("Una prioridad de carácter estratégico") y el anterior Gobierno del popular José María Aznar. Puede que esta vez sea la buena, pero el punto de partida en la FP de grado medio (la que se cursa después de la ESO) sigue siendo el del gran agujero del sistema español: el porcentaje de alumnos que elige esta vía está 18 puntos por debajo de la media europea y el objetivo lógico es atraer a buna parte de ese 30% de alumnos que abandona los estudios después de la ESO. Sin embargo, la FP de grado superior (hace falta el título de bachillerato para cursarla) sí va ganando poco a poco prestigio, tienen muy buenas salidas laborales y el porcentaje de alumnos que la cursan están bastante por encima de la media europea. También tendrán que coordinarse con el Ministerio de Trabajo para impulsar las otras dos patas de la FP (la ocupacional, destinada a la preparación de los parados, y la continua, al reciclaje de los trabajadores).

El nuevo ministerio tendrá que terminar de implantar la ley educativa y crear un estatuto docente, una promesa incumplida en la anterior legislatura. Además de sus otros grandes objetivos: el impulso del inglés, de la educación infantil hasta los tres años – "Como etapa educativa y no asistencial", insisten fuentes del ministerio- o la adaptación del sistema a las nuevas formas de enseñar y aprender.

 

Fuente: Diario El País
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